La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) dio otro paso en la senda que podría llevar a la cesantía de diez técnicos y la suspensión de otros tres sabuesos. ¿El motivo? Investigaron a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia durante el gobierno de Cambiemos por la presunta evasión de impuestos, según reconstruyó LA NACION. Las nuevas autoridades afirman, sin embargo, que eso no ocurrirá.

La ofensiva se centra contra trece sabuesos que llegaron a reclamarles a los Kirchner decenas de millones de pesos en tributos impagos, pero que con el retorno al poder del kirchnerismo en diciembre de 2019 quedaron desguarnecidos y en el centro de la tormenta. La primera titular de la entonces AFIP durante la presidencia de Alberto Fernández, Mercedes Marcó del Pont, ordenó una auditoría de su labor que derivó en un sumario que continuó su sucesor, Carlos Castagneto. Y las conclusiones se notificaron durante las últimas seis semanas. Recomiendan echar o suspender a los trece.

Desde el entorno de la actual titular de ARCA, Florencia Misrahi, buscaron despegar a su gestión de la tramitación y conclusiones del sumario ante la consulta de LA NACION. Las endilgaron a las anteriores autoridades, entre ellas, a Virginia García, la excuñada de Máximo Kirchner, y a otros militantes de La Cámpora, como Gabriela Camiletti. También afirmaron que se designó “a un nuevo instructor”, quien revisará lo hecho hasta ahora, corregirá lo que deba corregirse y llegará a sus propias conclusiones, “sin fines persecutorios”.

Al menos uno de los técnicos cuestionados, sin embargo, ya recurrió a la Justicia. Horas antes de que se conociera el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados en el “caso Vialidad”, Juan José Cappannari se presentó en los tribunales federales de Rosario. Solicitó una medida cautelar al ser notificado de las conclusiones preliminares del sumario, que recomendó su cesantía, según consta en los registros públicos que cotejó LA NACION. Centró sus planteos en las gestiones de Marcó del Pont y Castagneto, pero indicó que la vulneración de sus derechos de defensa continúa hasta hoy, con Misrahi al frente del organismo.

Otros sabuesos sumariados, mientras tanto, evalúan los pasos a seguir ante lo que sus defensores definen como una ofensiva que comenzó en 2020 y que desde entonces buscó sostener un “relato” que victimice a los Kirchner, pero que también buscó “disciplinar” o “amedrentar” a los restantes técnicos y funcionarios de la exAFIP. A la vista del desgaste que ellos han sobrellevado durante los últimos cuatro años, alertan, muchos colegas evitarán las investigaciones sensibles o licuarán sus conclusiones.

De acuerdo a las conclusiones preliminares del sumario, los diez técnicos de la entonces AFIP que deberían ser cesanteados –sin derecho a una indemnización laboral- son Cappanari, Edgardo Gustavo Arévalo, Lorena Claudia Astudillo, Mónica Folchi, María Paula Garciarena, Rolando René González, Patricia Andrea Pavelka, Marcelo Adrián Paviotti, Jorge Oscar Rodríguez y Juan Esteban Salvucci. Otros tres, en tanto, afrontarían suspensiones –con el consiguiente impacto laboral y salarial- de 10 días, Samantha Lorena Militello; de 20 días, Sonia Raquel Díaz; y hasta 30 días, José Luis Fernández.

Basados en Comodoro Rivadavia, en su mayoría, o Santa Fe, todos los técnicos sumarios integraron durante el macrismo la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, una de las áreas más sensibles y relevantes del organismo tributario, a las órdenes de Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios más resistidos por el kirchnerismo, al que desplazaron y también propugnaron cesantear.

Mecikovsky tampoco se quedó callado. En noviembre de 2021 acudió a los tribunales federales de Comodoro Py y denunció que Marcó del Pont y sus acólitos adulteraron las conclusiones de la auditoría interna OPI 16/20 y del informe confidencial de auditoría interna OCV 11/2020. De ese modo, sostuvo, colaboraron para que los Kirchner pudieran argüir que habían sido víctimas de un inexistente “hostigamiento fiscal” y ayudarles a que no paguen sus deudas tributarias. Pero la ofensiva, además, benefició de manera indirecta a Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray en sus problemas judiciales.

El ida y vuelta pasó entonces a dirimirse en dos ámbitos simultáneos. Por un lado, en sede administrativa, donde los sabuesos plantearon que la tramitación desde 2020 del sumario violó la resolución 152/2002 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y obvió las medidas probatorias que propuso la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en 2022 y en enero de este año. Por el otro, en los tribunales federales de Comodoro Py, con la causa 462/2020 que recayó en el Juzgado del fallecido Claudio Bonadio y quedó en manos de su colega Julián Ercolini, y de la fiscal federal Paloma Ochoa.

La trama original

La trama comenzó hace años, cuando Mauricio Macri era presidente. A través del expediente 9958, la Justicia Federal con asiento en Río Gallegos encaró una investigación contra Cristina Kirchner por una presunta infracción al Régimen Penal Tributario. En octubre de 2017 la Fiscalía Federal requirió la colaboración de la AFIP para analizar las declaraciones tributarias de Cristina y de su hijo Máximo, y el origen y declaración de los US$ 4,6 millones descubiertos en una caja de seguridad a nombre de su hija Florencia.

La requisitoria judicial se tramitó en la Delegación Comodoro Rivadavia de la AFIP, que requirió la asistencia de técnicos de Neuquén y Bahía Blanca, en tanto que la Fiscalía también solicitó el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Así fue como en diciembre de 2017 se libró la “Orden de Intervención” de la AFIP OI-1644231, con la participación de la inspectora Samantha Militello, el supervisor José Luis Fernández y el jefe de División de Fiscalización, Juan Alejandro Ahrtz.

Tiempo después el equipo de la AFIP presentó sus conclusiones ante la Justicia. Estimó que la expresidenta registraba problemas en sus declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias 2011, 2012 y 2016 por $2,1 millones, más otros $3,6 millones en intereses y $2,4 millones adicionales en multa. Total: $8,1 millones de aquel entonces. Es decir, que superaba el umbral mínimo de punibilidad, por lo que correspondía avanzar con una causa penal, además de una ejecución fiscal que tramitó por separado con el expediente “Fisco Nacional AFIP c/ Fernández, Cristina Elsabet s/ Ejecución Fiscal”.

Sin embargo, la dinámica cambió con las elecciones de 2019. Alberto Fernández asumió la Presidencia y Cristina Kirchner presentó dos escritos –uno ante la Justicia; el otro ante la AFIP-, denunciando “hostigamiento fiscal”, procedimientos administrativos “clandestinos” en su contra y la conformación de un “grupo de tareas” dentro de la AFIP para perseguirlos a ella y sus hijos. Apoyada en esos planteos, pidió la nulidad de todo lo actuado.

¿Qué planteó Cristina Kirchner? Entre otros puntos, que la AFIP debió notificarla a otro domicilio distinto a su “domicilio fiscal”, que durante décadas fijó en la calle Alcorta número 76 de Río Gallegos. Planteó que dado que su contador, Víctor Manzanares, se encontraba detenido, ella jamás pudo realmente defenderse.

Las probanzas documentales muestran que ya en 2017, aun siendo contador de los Kirchner, Manzanares había cambiado el domicilio a la calle 9 de Julio 161, donde finalmente quedó detenido. Pero la AFIP aceptó como válido el planteo de la expresidenta. ¿Por qué? Vulnerando su posición histórica –todavía vigente-, consideró que la notificación debió cursarse a otros domicilios ya que el objetivo es que el contribuyente pueda defenderse, aportar precisiones y argumentar lo que considere necesario.

Pero la líder del Frente de Todos fue más allá. “Además de exigir la declaración de nulidad de todo lo actuado”, reclamó, “solicito especialmente que, en su carácter de Administradora Federal, ordene la realización inmediata de una investigación administrativa, a los fines de determinar la totalidad de los funcionarios intervinientes en las presentes actuaciones y el resultado y fundamentos de su intervención”.

Sus planteos tuvieron eco. Provocaron la apertura de una investigación penal en los tribunales porteños de Comodoro Py. Continúa en trámite ante el juez Ercolini y la fiscal Ochoa, y el inicio de una auditoría y un sumario dentro de la AFIP que, -ya en la gestión de Marcó del Pont-, investigó supuestos delitos e irregularidades por parte de funcionarios del organismo.

Poco después, los funcionarios de la AFIP que participaron en el análisis tributario de la familia Kirchner comenzaron a ser desplazados de sus puestos, al igual que otros contadores, abogados y auditores que investigaron a –o testificaron en tribunales contra- Báez, López o Echegaray, como parte de una purga, según reveló LA NACION en 2021.

Eso no fue todo. En el Juzgado Federal de Río Gallegos la AFIP presentó un escrito conjunto con Cristina Kirchner requiriendo la suspensión de las actuaciones destinadas a la ejecución fiscal. Y emprendió un nuevo análisis sobre los impuestos de la familia Kirchner. Ese nuevo informe determinó que la expresidenta no adeudaría impuestos –por el contrario, tendría un crédito fiscal- y que su hijo Máximo solo registraría una deuda por menos de $ 10.000, por lo que no superaría el umbral mínimo de punibilidad penal.

Con esas nuevas conclusiones, la AFIP dio el siguiente paso. Se presentó otra vez en los tribunales de Río Gallegos, levantó la ejecución fiscal y desistió de su reclamo, dejando a la Fiscalía sin basamento para proseguir con la causa penal, por lo que la Fiscalía pidió su sobreseimiento, que refrendó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez.

Nuevo Presidente, ¿otras conclusiones?

El inesperado triunfo de Javier Milei en las presidenciales de 2023, sin embargo, trastocó otra vez los equilibrios dentro de la AFIP. Tras años de ostracismo, el pedido de cesantía que recaía sobre Mecikovksy desde abril de 2023 se revocó en octubre de este año, en un proceso en el que las nuevas autoridades remarcaron la falta de razonabilidad de todo lo actuado.

Hasta ahora, sin embargo, el sendero que recorren los trece técnicos y sabuesos es distinto al de Mecikovsky. Durante octubre y lo que va de este mes fueron notificados de las sanciones de cesantía o suspensión que recomendaron los sumariantes, por presunta violación de normativas internas y hasta por infringir las normas éticas del organismo.

Pero la tendencia también estaría por revertirse con ellos, según prometen junto a Misrahi. Indicaron que los sumariantes ya no están –uno se jubiló; otro fue desplazado- y que todos los acusados podrán ahora presentar sus descargos y ofrecer las medidas de prueba que consideren pertinentes, en tanto que se revisarán las sanciones recomendadas. “Se analizará de nuevo todo el caso y se tomarán decisiones sin ‘tintes persecutorios’”, insistieron.

Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) siguen de cerca los movimientos del sumario, según indicaron a LA NACION. Consideran que falta producir y valorar prueba que permita evaluar lo ocurrido, sin análisis “sesgados” o “antojadizos”, que permitan arribar a conclusiones que no sean “tendenciosas”.

Los sumarios esperan, entre la ilusión y el recelo, como plasmó Cappannari al solicitar una medida cautelar ante la Justicia federal de Rosario. Pidió que ordenen la entrega de una copia completa del sumario abierto en su contra, que le den una oportunidad real de defenderse y que, una vez presentado sus argumentos y cumplido con las pruebas que pidió la PIA, “se dicte un nuevo informe por la sumariante”.