El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, está cada vez más complicado. El fiscal Álvaro Garganta lo imputó formalmente por un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. En la maniobra también quedaron involucrados funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector. En total, fueron imputadas 16 personas.
La causa arrancó en octubre de 2023. Durante la investigación, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas.
El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, contaba con la participación de jueces de faltas. Entre los imputados aparecen Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España). Esa hipótesis se acaba de confirmar con un informe reservado que llegó del exterior.
Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar a la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte.
El último hecho por el que se imputó a D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
El dato surgió de un informe que aportó el Ministerio de Transporte bonaerense, ahora a cargo de Martín Marinucci, el sucesor de Jorge D’Onofrio. Ese documento determinó que en la provincia de Buenos Aires hay 1404 cinemómetros, de los cuales 155 fueron provistos por CECAITRA y registran “SIN ACTO ADMINISTRATIVO por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”.
Hace diez días, Garganta allanó la sede de CECAITRA y el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, a quien se le secuestró un teléfono clave que ahora será peritado. García ahora aparece entre los 16 imputados.
En la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el fiscal mencionó los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, cohecho, y exacciones ilegales, aunque la participación de cada uno de los imputados es diferente.
En el caso de D’Onofrio, quedó imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.
También fueron imputados Pombo, el juez de faltas Quattrocchi, Pablo Javier Sanguinetti (ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV), Sebastian Desio (Presidente de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”), varios empleados del juzgado de Faltas de La Plata, y siete empresarios vinculados a las empresas de VTV.
La imputación es un paso clave en la causa judicial. El próximo paso sería la indagatoria de todos los acusados.
