El juez Marcelo Bailaque dejará su cargo en la Justicia Federal en las próximas horas, tras presentar su renuncia formalmente ante el presidente Javier Milei. La dimisión fue aceptada este lunes.
Bailque enfrenta un proceso judicial en el que se lo acusa de favorecer a imputados vinculados con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. A la par, estaba siendo sometido a un jury de enjuiciamiento que tenía igualmente el objetivo de sacarlo de su cargo en la Justicia.
Hace una semana, Bailaque se había defendido de las acusaciones en ese proceso, a través de un escrito en el que negó tener vínculo con narcotraficantes.
Finalmente renunció antes de ser expulsado.
La salida del magistrado se inscribe en un complejo contexto institucional en el Poder Judicial de Santa Fe, tras una serie de señalamientos y denuncias que vinculan a funcionarios judiciales con el crimen organizado que opera en el distrito.
El caso adquirió especial notoriedad tras hacerse públicos los fundamentos de las investigaciones internas y las actuaciones del Consejo de la Magistratura, donde se describieron operaciones irregulares y supuestas omisiones judiciales relacionadas con el lavado de activos y la protección de intereses ilícitos. Estas situaciones motivaron tanto reclamos en organismos de control como reclamos de diferentes actores sociales y políticos de la provincia.
El trámite de aceptación de la renuncia fue anticipado por el Poder Ejecutivo y concretado este lunes, según documentos remitidos al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de la Nación, lo que implica el cese inmediato de Marcelo Bailaque en su cargo como juez federal de la ciudad de Rosario. Esta decisión se formalizó luego de varias semanas en que el ahora exjuez buscó exponer por escrito sus argumentos en defensa.
Fuentes del sector judicial coincidieron en que la causa de la renuncia es en definitiva la acumulación de denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades vinculadas a investigaciones de bandas delictivas, incluyendo el manejo de expedientes de causas emblemáticas asociadas al narcotráfico. Además, destacan las denuncias sobre supuesta protección o falta de medidas preventivas ante el avance de estructuras criminales que operan en la provincia.
La investigación sobre el desempeño del juez Bailaque tomó estado público después de que la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura comenzaran a impulsar actuaciones sobre su labor, a raíz de informes confidenciales y testimonios que lo involucraban directa o indirectamente en decisiones consideradas inconsistentes respecto del combate a las mafias locales. Según los documentos, los reportes incluían presuntas demoras en los procedimientos judiciales y supuestas omisiones a la hora de investigar redes de lavado de dinero.
Mientras tanto, el proceso administrativo de control avanzaba en paralelo con la intervención de varios organismos federales, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), los cuales enviaron material probatorio sobre maniobras irregulares, especialmente en juzgados que manejan causas sensibles sobre el tráfico de drogas y los delitos económicos conexos. Los consejeros que integran el jury de enjuiciamiento ya habían avanzado en la instrucción del expediente y consideraban inminente la resolución que podía llevar a la destitución del magistrado.
La defensa de Bailaque se realizó por escrito y formó parte del expediente analizado en la instancia previa a la aceptación de la renuncia. En su presentación, el magistrado negó las acusaciones y expresó disconformidad con algunas de las pruebas recolectadas.
La vacancia en uno de los juzgados más relevantes de Santa Fe genera expectativa acerca de las futuras designaciones en la magistratura y sobre el papel que asumirá el gobierno para asegurar que los nuevos jueces cuenten con antecedentes probados en la materia.
