El legislador porteño electo y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el multitarea justicialista Juan Manuel Olmos, asistirá esta tarde -16 horas- a la reunión de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, para exponer sobre el plan anual del organismo. Lo hará en un clima más que delicado, tras más de un año en el que oficialismo y oposición de ambas Cámaras no logran consensuar a sus representantes en dicha institución, que es nada menos la de control externo de los gastos del Estado.
La bicameral que lidera Pichetto consiguió, en los últimos meses, reacomodar -resta trabajo- el zafarrancho que dejaron gestiones anteriores en la comisión, con auditorías aún no tratadas ni aprobadas sobre kirchnerismo y macrismo. De hecho, semanas atrás se inició el estudio del Presupuesto 2020, el primero de Alberto Fernández.
Esto no es lo más grave. Olmos es el presidente de la AGN debido a que, por ley, ese sitial corresponde a la principal bancada opositora. El problema es que tendría que estar acompañado por seis auditores: tres designados por Diputados e idéntica cifra por el Senado. El Congreso no se movió, el Ejecutivo tampoco ayudó y la institución de relevancia se encuentra sólo con el peronista en el vagón principal.
Hay dos proyectos con vida en la Cámara alta e involucran a dos experimentados: el jefe del Frente de Todos, José Mayans; y el peronista crítico Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas. Ambos comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.
Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de diputados y senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $10 millones en bruto.
El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio– propicia la ampliación de siete a nueve miembros -se incluye la Presidencia-, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada dio a entender, cuando estalló el conflicto, que prefería el de Romero. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso insinuaron en varias ocasiones y por lo bajo que no era, para nada descabellado, contemplar la iniciativa del formoseño.
A pesar de las propuestas, lo cierto es que nada prosperó y, con una oposición que en las últimas semanas golpeó en el recinto y no encontró defensa oficialista, en la Casa Rosada sospechan que el conglomerado antilibertario diseña una jugada para ubicar nombres propios en la AGN. El temor sigue latente, pero no ocurre. Y las suspicacias en cuanto a quién es el verdadero beneficiado con todo esto crecen con el tiempo.
Vale recordar que, a inicios del corriente mes, la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires) y su par radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), entre otros, presentaron una nota a Pichetto para que la misma sea redireccionada con urgencia a la AGN y, desde allí, se enfoque la lupa hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tras los recientes escándalos vinculados con supuestas coimas y las muertes relacionadas con el fentanilo, respectivamente.
En la misiva a Pichetto, los senadores consideraron que “la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular”. Y agregaron: “El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer. Resulta imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.
Los legisladores luego expresaron: “En el mismo sentido, es necesario que se realice una auditoría de gestión sobre la ANMAT para obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta. Particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.
