El asesinato en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha puesto en evidencia “la grave crisis de violencia en el país”, que no se está solucionando con “los continuos estados de excepción”, dijo este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, la organización recordó que el país andino “necesita políticas de seguridad urgentes y respetuosas con los derechos humanos para proteger a los ecuatorianos de manera efectiva” y poner freno a unas cifras de homicidios que se han casi duplicado entre 2021 y 2022 y están, con los 25 homicidios/100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial (6/100.000).
“El asesinato de Fernando Villavicencio es un llamado de atención urgente para la democracia ecuatoriana”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El aumento del crimen organizado está poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones”.
HRW afirma que las dos grandes pandillas que operan en el país trabajan en alianza con narcotraficantes de México, Colombia y hasta Albania y no dudan en recurrir a decapitaciones y desmembramientos de sus rivales, además de matar a fiscales, jueces y periodistas.
Las pandillas también controlan varias prisiones, según investigaciones de HRW. En los últimos años, más de 600 personas han muerto en masacres ocurridas en las cárceles.
La organización enfatizó además en la necesidad de reducir el poder de los grupos delictivos y considerar enfoques alternativos en la política de drogas para disminuir la rentabilidad del tráfico.
La organización cita una reciente encuesta que mostró que dos de cada tres ecuatorianos no se sienten seguros al caminar solos por la noche, porcentaje superior a cualquier país latinoamericano, y alude también a que la extorsión -practicada sobre pequeños negocios, transportistas o trabajadores de la salud- se ha duplicado en 2023, a juzgar por los casos denunciados.
La respuesta del gobierno de Guillermo Lasso ha sido declarar estados de excepción en algunas ciudades -con la consiguiente suspensión de derechos constitucionales-, y ahora en todo el territorio nacional, pero esto “no ha hecho que los ecuatorianos estén más seguros”, dice HRW.
“El gobierno necesita poner en marcha una política de seguridad eficaz y legítima que proteja a sus ciudadanos y que busque desmantelar a los grupos de delincuencia organizada”, señaló la organización.
Repudio internacional
El asesinato a balazos de Fernando Villavicencio, que semanas atrás había denunciado amenazas de muerte en su contra, conmocionó a Ecuador en medio de la campaña electoral para los comicios generales extraordinarios del próximo 20 de agosto que ya giraba antes en torno a la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Organizaciones internacionales, Gobiernos y dignatarios de todo el mundo condenaron en las últimas horas de manera unánime el “cobarde asesinato” del candidato presidencial, al tiempo que se mostraron preocupados por sus repercusiones en la democracia de Latinoamérica y le pidieron a Ecuador que el crimen no quede impune.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que ratificó la realización de los comicios en la fecha en que estaba previsto, decretó el estado de excepción por 60 días para el despliegue de efectivos militares en todo el país.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró a su vez que la violencia contra representantes políticos “es una seria amenaza al proceso electoral”, y pidió a las autoridades ecuatorianas que la investigación del asesinato sea “transparente, exhaustiva e independiente”.
Con información de EFE y EuropaPress
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