Nairobi, 2 nov (EFE).- Los activistas medioambientales que se manifiestan contra la construcción de un macro-oleoducto de 1.450 kilómetros entre el oeste de Uganda y la costa de Tanzania sufren acoso y detenciones por parte del Gobierno ugandés, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
«Esta represión ha creado un ambiente escalofriante que suprime la libertad de expresión sobre uno de los proyectos de combustibles fósiles más controvertidos del mundo», dijo el investigador principal sobre medio ambiente de HRW, Felix Horne.
En un informe publicado hoy, la ONG reveló que organizaciones de la sociedad civil y defensores del medio ambiente ugandeses «denuncian periódicamente casos de acoso e intimidación, detención ilegal o arresto arbitrario» en relación con el desarrollo del sector petrolero en el país.
«El Gobierno de Uganda debe poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias de activistas contra el oleoducto y proteger su derecho a ejercer la libertad de expresión, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos», afirmó Horne.
Con el objetivo de convertirse en un productor de petróleo, Uganda se ha embarcado en la construcción de un macro-oleoducto de 1.450 kilómetros desde el oeste de Uganda hasta el puerto tanzano de Tanga, en el océano Índico, financiado tanto por la multinacional francesa Total como por la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
La tubería será, de hecho, el oleoducto de crudo calefactado más largo del mundo.
El proyecto, que incluirá también cientos de pozos, cientos de kilómetros de carreteras, campamentos y otras infraestructuras, ha estado envuelto en la polémica, con grupos de derechos humanos y ecologistas denunciando que el oleoducto atravesará importantes espacios naturales protegidos y que supondrá para más de 100.000 personas de Uganda y Tanzania perder sus tierras y hogares.
En este sentido, muchos activistas aseguraron a HRW que la represión del Gobierno y las fuerzas de seguridad hacen más difícil proporcionar ayuda a los afectados.
«La construcción y explotación del Oleoducto de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), plantea graves riesgos medioambientales y para los derechos humanos, y contribuye a las crisis climática mundial», alertó Horne.
En una carta dirigida a HRW el día 23 de este mes de octubre, Total reconoció «la importancia de (…) no tolerar ningún ataque o amenaza contra aquellos que promueven de manera legal y pacífica los derechos humanos en relación a sus actividades».
En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para denunciar las violaciones de derechos humanos y contra el medio ambiente durante la construcción de la tubería y pidió posponer todas las operaciones durante al menos un año, lo que llevó al Gobierno ugandés a acusar de «sabotaje económico» a la Unión Europea (UE).
La pasada semana, la ministra ugandesa de Energía y Desarrollo Minero, Ruth Nankaburwa, aseguró que el país africano está «en el buen camino» para convertirse en un productor de petróleo «a finales de 2025».
Uganda aspira a desarrollar ese sector desde que en 2006 un grupo de geólogos halló la cuarta mayor reserva de petróleo crudo de África subsahariana alrededor del lago Alberto, en la frontera ugandesa con la República Democrática del Congo (RDC).
