El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido la decisión del instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de no amnistiar el delito de malversación por el que está procesado, al considerar que se trata de una «arbitraria inaplicación» de la ley. Fue el pasado junio cuando el magistrado del Tribunal Supremo (TS) rechazó aplicar la amnistía a la malversación, al tiempo que preguntó a las partes si procedía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre si el perdón debía extenderse a la responsabilidad derivada del delito de desobediencia. La defensa de Puigdemont recurrió en reforma, instando a Llarena a reconsiderar su decisión, pero el magistrado del TS se ratificó el pasado 10 de septiembre, fallo que ahora el ex presidente catalán recurre elevando el asunto a la Sala de Apelaciones, a la que pide celebrar una vista oral antes de resolverlo. El líder independentista recuerda que Llarena no amnistió la malversación porque observó un «propósito de enriquecimiento» en los actos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, justo una de las excepciones que impiden perdonar dicho delito, conforme recoge la propia ley. Para Llarena, el enriquecimiento alcanza cualquier beneficio que hubiera exigido el pago de una contraprestación dineraria, aunque no aumente materialmente el nivel de riqueza del sujeto en cuestión. Y ponía como ejemplo el pago del banquete de una boda con fondos públicos. Sin embargo, Puigdemont considera que se trata de una «excéntrica interpretación» basada en «un arbitrario entendimiento del concepto de ‘propósito de enriquecimiento’» al que se refiere la ley de amnistía. Un concepto que «se extiende hasta el absurdo con el indisimulado propósito de torcer la voluntad del legislador y, así, excluir a mi defendido del ámbito de aplicación de la amnistía», dice el abogado de la defensa, Gonzalo Boye. También ve «extravagante» el otro argumento en el que se basó Llarena para no perdonar la amnistía: que la posibilidad de que Cataluña se independizara ponía en riesgo intereses financieros de la UE –otra de las excepciones legales– por cuanto amenazaba sus ingresos. «Este argumento se basa en una especulación tardía sobre un posible daño a los intereses financieros de la Unión Europea, sin que se haya demostrado un impacto directo y concreto», afirma el recurso.
