El Consejo de Estado negó la medida cautelar que buscaba la suspensión provisional de los efectos de la resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas.
La decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo se dio luego de analizar la petición del Partido Cambio Radical, con la cual se pretendía suspender la medida declarada a comienzos de abril de 2024.
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El partido argumentó que la Supersalud no tenía competencia para tomar la medida y que esta se basaba en una “falsa motivación”. Sin embargo, el alto tribunal negó dicho sustento.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la función de la Supersalud y su facultad para intervenir en casos necesarios, sin que la renovación de la autorización de funcionamiento de una EPS condicione sus acciones de inspección, vigilancia y control. En este caso, el Consejo de Estado afirmó que, “la Supersalud tiene la función de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar entidades promotoras de salud”.
Un punto adicional discutido fue la fecha del concepto técnico utilizado para justificar la intervención administrativa. Los demandantes señalaron que dicho concepto fue presentado el 2 de abril de 2024, un día después de la recomendación de intervención. Sin embargo, el tribunal determinó que hay evidencia de un concepto técnico fechado el 1 de abril de 2024, disponible en el expediente.
“No se ha demostrado que a la fecha de emisión de la resolución impugnada, la Supersalud careciera del concepto técnico necesario para adoptar la medida de intervención”, concluyó el tribunal.
En desarrollo…
