La Justicia de San Juan dictó sentencia este martes contra Facundo David Nievas, quien encabezaba un área de infraestructura en el municipio de Angaco, y fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que se demostrara que utilizó personal y maquinaria de la comuna para realizar una obra de agua en su vivienda particular. El caso salió a la luz luego de que numerosos vecinos de la localidad advirtieran una brusca disminución en la presión del servicio en sus hogares, lo que derivó en una investigación que terminó exponiendo el aprovechamiento de recursos estatales para beneficio privado.
La denuncia original fue presentada a inicios de 2023 por habitantes de Angaco, quienes notaron que el suministro de agua en su zona disminuía sin explicación técnica aparente. Lo que comenzó con quejas vecinales desembocó rápidamente en una pesquisa administrativa. Al inspeccionar el sector afectado, autoridades municipales detectaron una obra clandestina en una propiedad no registrada oficialmente para tal fin. La sorpresa llegó cuando identificaron que la vivienda pertenecía a Nievas, quien por entonces se desempeñaba como capataz general en Obras Públicas del municipio. El hallazgo abrió la puerta a una sucesión de pruebas que incluyeron testimonios, documentación interna y el rastreo de insumos utilizados para concretar el trabajo en tiempo récord.
Según el expediente judicial, Nievas ordenó la obra entre el 29 y el 30 de mayo de 2023, valiéndose de tres empleados de planta, una retroexcavadora y más de 1.100 metros de cañería pertenecientes al municipio para conectar su propiedad a la red de agua potable. Los trabajos, realizados en menos de dos días, incluyeron la apertura de zanjas, colocación de tuberías y cobertura del tendido, sin que existiera autorización ni justificación administrativa. “Mientras unos conectaban los caños, una máquina detrás ya iba compactando la tierra”, describieron testigos presenciales del operativo, según recogió Tiempo de San Juan.
La reacción oficial no tardó en plasmarse en una denuncia judicial, iniciada por el secretario de Planificación, Obras y Servicios del municipio de Angaco, quien aportó los documentos y registros necesarios para detallar los recursos movilizados fuera de cualquier esquema reglamentario. El caso fue delegado a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI), bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrian Elizondo. Durante el proceso, empleados municipales admitieron haber recibido instrucciones directas de Nievas para realizar el trabajo fuera de todo canal formal o expediente, y a pedido expreso de urgencia.
El fiscal Gómez argumentó durante el juicio que el exfuncionario no solo se aprovechó de su condición jerárquica para forzar la ejecución de una obra privada con medios estatales, sino que el daño al municipio se constató en el perjuicio a los vecinos, quienes resultaron afectados por la baja en la presión de agua. Además, subrayó que los materiales, la maquinaria y las horas de trabajo invertidas en la conexión al “Loteo Nievas” –nombre con el que se identificaba la parcela– representaron un desvío relevante de fondos y recursos públicos hacia una utilidad particular. Ante esta evidencia, Gómez solicitó que la pena incluyera prisión efectiva y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, bajo los alcances del delito de peculado, tipificado en el artículo 261 del Código Penal.
La defensa de Nievas sostuvo que el hecho se debió a una “confusión administrativa”, argumentando que no existió dolo ni intención de lucro, e intentó desligar al acusado de la decisión directa sobre la obra. Pese a estos planteos, el tribunal valoró especialmente los testimonios de los empleados y la documentación reunida, y concluyó que Nievas había abusado de su cargo para desviar insumos y personal del municipio en beneficio propio. El proceso judicial, según informó Diario de Cuyo, tuvo momentos de tensión, como cuando Nievas se ausentó sin aviso a una de las audiencias frente al juez de Garantías Federico Rodríguez, lo que motivó el pedido de la fiscalía para declararlo rebelde, aunque la solicitud fue finalmente rechazada y la audiencia reprogramada.
La jueza Mónica Lucero fue quien firmó finalmente la sentencia en la tarde de este martes, estableciendo la pena de cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta perpetua. Según confirmaron ambos medios, Nievas permanecerá detenido en la comisaría 20° de Angaco hasta que la sentencia quede firme y, una vez cumplidos los requisitos administrativos, será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial de San Juan.
