Las autoridades de PAMI anunciaron la desvinculación de la delegada del organismo de El Bolsón -María Eugenia Alonso- que cerró las puertas de ese Centro de Atención Primaria (CAP) para participar de la marcha en “solidaridad” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y suspendió por 29 días a los demás trabajadores del organismo que se acoplaron a la medida.
El hecho, que provocó un escándalo de magnitud en la localidad rionegrina, ocurrió el miércoles 18 de junio, en coincidencia con otras movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país.
En el ventanal de acceso a la oficina, varios carteles anunciaban la retención de servicios: “ATE. 18/6. Paro Nacional”.
Decenas de adultos mayores quedaron sin atención y debieron regresar al día siguiente para recibir asistencia. La medida provocó indignación y de inmediato las autoridades de la obra social anunciaron posibles medidas para el personal involucrado.
Este viernes, a través de las redes, anunció la desvinculación de la delegada María Eugenia Alonso y la suspensión preventiva de los demás empleados.
Antes de conocerse la decisión, los trabajadores del organismo intentaron minimizar los cuestionamientos y dijeron que las puertas del CAP estuvieron abiertas y no hubo adhesiones al paro. Sin embargo, las imágenes que circularon del frente de las oficinas, echaron por tierra la coartada.
“Esta intempestiva medida de fuerza, que afectó a los más de 3.700 afiliados de la zona, fue encabezada por el gremio ATE, en señal de repudio a la condena de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner”, mencionaron desde la entidad, a través de un comunicado.
Justificaron la desvinculación y las suspensiones en “una política de transparencia y responsabilidad que impulsa la actual gestión, que no tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones de la administración pública”.
El escándalo creció cuando una vecina denunció la medida de fuerza a través de los medios locales. Contó que ese día salió temprano junto a su madre de 89 años para realizar gestiones en la delegación local de PAMI. “Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”, escribió.
En su texto, la vecina reconocía el derecho legítimo de los trabajadores a realizar medidas de fuerza, pero advirtió: “¿Qué pasa cuando ese derecho choca de frente con las necesidades vitales de otros? ¿Dónde queda el Estado presente cuando ni siquiera hay una guardia mínima para atender situaciones urgentes?”. Y añadió: “No hablamos de comodidad, hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables”.
En su defensa, los trabajadores dijeron que ese día “ficharon” y estuvieron en las oficinas, aunque las autoridades del organismo constataron que ninguno de ellos atendió a los afiliados que se acercaron ni tampoco realizó tareas internas.
Fueron muchas las voces del arco político que se alzaron al trascender el escándalo. La diputada libertaria Lorena Villaverde repudió la medida sindical y aseguró que “ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”.
Este viernes, tras conocerse el despido de la delegada y las suspensiones, la legisladora compartió el comunicado del PAMI y aseguró: “con los jubilados no se juega”.
“Las autoridades del PAMI han tomado una medida ejemplar desvinculando y suspendiendo a estos empleados de El Bolsón que llevaron adelante un uso militante de las oficinas del Estado. Sin dudas acá se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos” posteó en sus redes sociales, y concluyó asegurando que “las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, que atienda a las necesidades de todos, y no trincheras ideológicas que defiendan intereses partidarios”.
