A contra reloj, el oficialismo y la oposición dialoguista intentan acercar posiciones en la Cámara de Diputados para dictaminar, a más tardar el martes próximo, sobre la ley de presupuesto 2025. Al Gobierno lo corren los tiempos: de no alcanzar un acuerdo con los gobernadores aliados, corre el riesgo de que sus legisladores se sumen a la nueva convocatoria de la oposición del jueves que viene que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda.

El oficialismo se anotó un triunfo tras desbaratar el primer intento opositor para limitarle el poder al presidente Javier Milei. La presión sobre los gobernadores –de todos los colores políticos- fue feroz, no tanto por la ley para restringir la utilización de los DNU sino para evitar el rechazo al decreto 846, clave para la ingeniería financiera del ministro de Economía Luis Caputo, pues lo libera de las exigencias que fija ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones).

Las represalias podían ser graves para los mandatarios que avalaran ese rechazo, advertencia que sonó casi extorsiva en aquellas provincias con deudas en moneda extranjera a renegociar el año próximo y que necesitan, para ello, la autorización del Poder Ejecutivo.

“Muchos gobernadores se asustaron y ordenaron a sus legisladores no bajar al recinto”, admitieron quienes convocaron a la fallida sesión especial. Algunos consideran que fue un error de timing haber apurado la sesión para pedir el rechazo del decreto 846; en rigor, fue una condición que había impuesto el bloque de Unión por la Patria -léase Cristina Kirchner- para dar quorum. Pensaron que sobrarían los votos, pero hasta el kirchnerismo sufrió fuertes bajas. “Habría que haber esperado a la negociación por el presupuesto”, se lamentaron algunos mientras los libertarios festejaban su triunfo.

El oficialismo logró frustrar la sesión pero, también, sumó presión con vistas al presupuesto 2025. Los opositores amenazan con volver a la carga el jueves próximo con una nueva sesión especial. En paralelo, los diez gobernadores de Pro y de la UCR esperan, impacientes, que el Gobierno retribuya su lealtad con modificaciones concretas en el proyecto.

Pocos avances y un compromiso

Luego de cuatro rondas de negociaciones los avances, hasta ahora, fueron escasos. De la última reunión que se realizó esta mañana –en la que participaron el vicejefe de Gabinete José Rolandi, y el secretario de Hacienda Carlos Guberman-, los dialoguistas solo se llevaron el compromiso del oficialismo de que buscará aprobar el presupuesto antes de fin de año. Con buen viento, el dictamen se aprobaría el martes y, dos días después, se lo llevaría al recinto. El turno del Senado sería a fin de mes o a principios del próximo.

“Nosotros queremos que haya ley”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert, una aseveración que sonaría a perogrullada de no ser por las sospechas –instaladas por la propia Casa Rosada- de que el Gobierno preferiría prorrogar el presupuesto actual para manejar el gasto a puro decreto.

“Una segunda prórroga sería una señal pésima para los mercados y frente al Fondo Monetario Internacional. El Gobierno lo sabe, pero ya nos avisó que prefiere quedarse sin presupuesto antes de que el Congreso apruebe una ley que no puede cumplir”, desliza uno de los participantes de las negociaciones con el Gobierno.

En la reunión de ayer con los funcionarios de la Casa Rosada, la delegación de Pro y de la UCR insistieron con el petitorio de cinco puntos que demandan los gobernadores. Ellos se resumen en los siguientes:

• Financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno, por ahora, no se mueven de los $254 millones asignados.
• Financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
• Eliminar las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados. Pretenden que se coparticipen.
• Reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
• Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.

“Esto tendría un impacto fiscal de unos $1900 millones; creemos que es absolutamente financiable”, aseveran en el bloque Pro. Las huestes que comanda Cristian Ritondo son optimistas en que finalmente habrá fumata. En el entorno de Espert también hay confianza, pero la última palabra la tendrá la Casa Rosada: desde allí avisan que si bien revisarán el costo fiscal del petitorio, no abrirán la billetera del gasto si los gobernadores no aceptan discutir, en paralelo, las deudas que sus provincias tienen con la Nación.