Como si fueran postales de corrupción, el caso Spagnuolo recrea imágenes de alto impacto político y social, desde una máquina de contar billetes en la casa del ex funcionario hasta sobres con miles de dólares en el auto del empresario involucrado. Y por eso mismo, sacude al Gobierno en la línea más sensible de su discurso -es decir, la batalla contra la “casta”-, apuntada a la política como un todo homogéneo cuyo único fin sería el uso del aparato del Estado en beneficio propio. Nadie necesita mayores precisiones para entender de qué se trata: sistemas ilegales de recaudación, coimas a cambio de contratos generosos. Y eso es precisamente lo que ahora investiga la Justicia en base a audios cuya filtración inquietó de entrada y escaló de manera vertiginosa.

El inicio explosivo de la investigación, con medidas ordenadas por el juez Sebastián Casanello y motorizadas por el fiscal Franco Picardi, se produjo en el final de una semana política adversa para el Gobierno. El oficialismo reaccionó frente a las derrotas legislativas cargando contra el kirchnerismo y tratando de descalificar todo como jugadas electorales. Eso último, el clima de campaña, apenas fue esgrimido frente a la repercusión de los audios sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sumó, sí, su aporte Cristina Fernández de Kirchner, con un largo y penoso tuit orientado, como casi siempre, a confrontar con Javier Milei y a tratar de exculparse.

El oficialismo no mostró frente al caso Spagnuolo la velocidad de reacción que suele tener frente a situaciones políticas críticas. Y menos, el despliegue habitual para intentar transformar las respuestas en contraofensiva. Hubo largos silencios y hasta se difundió la expectativa de una renuncia del jefe de la ANDIS, como paso de manual para el descargo. Finalmente, se tomó la decisión de “remover” al funcionario -tal el verbo utilizado en el comunicado para informar el despido forzado- y de intervenir el organismo encargado de discapacidad, área también en el foco por el estado de desatención financiera y la ley impuesta por el Congreso.

Guillermo Francos se encargó como otras veces de expresar una respuesta, esta vez módica. Rechazó que Olivos estuviera al tanto de lo expuesto en los audios, señaló que naturalmente debe avanzar la Justicia y destacó como llamativo que el tema haya estallado ahora, en pleno camino electoral. El jefe de Gabinete fue cuidadoso en las palabras y bastante preciso en el objetivo. Buscó despegar el tema de las versiones sobre batallas intestinas como disparador del tema y, a la vez, sugirió que podría tratarse de una maniobra oscura, nacida en la oposición más dura.

CFK se encargó de exponer la peor y a la vez más funcional movida, en su intento de explotar la situación con denuncia y discurso. El mensaje repitió el tono que la ex presidente supone coloquial y popular, además de ácido. El sobregiro, repetido sobre todo desde la condena en la causa Vialidad, no es la cuestión de fondo. En cambio, resultó llamativa la mezcla para exculparse por sus propios procesos y condenar a Milei: dijo que en este caso, a diferencia de los suyos, el poder no podría ser ajeno.

No es este tipo de actuaciones de la ex presidente lo que inquieta a Olivos. Al contrario. El punto es la señal que envía hacia afuera un episodio que, aún antes de avances significativos en el terreno judicial, provocó la expulsión de un funcionario con recorrido propio en las primeras líneas del oficialismo. Se trata de una prueba política tal vez impensada y que, por el momento y lo que exponen sus pliegues, arranca en un momento de fuerte tensión política.

El oficialismo acaba de vivir una semana legislativa que deja a la vista costos autogenerados antes que un juego opositor de habilidad extrema. Por supuesto, Milei insistió con su discurso sobre una especie de sociedad de la “casta” para debilitar su gestión. Y fue más lejos, como un modo de dar por perdida cualquier partida en ese terreno: dijo que el Congreso está “secuestrado” por el kirchnerismo.

Esta claro que ni el mejor operador político puede lograr lo ocurrido esta semana en Diputados y, más aún, en el Senado. Al revés, pueden advertirse respuestas provocadas por el modo en que Milei entiende el ejercicio del poder. Esta vez, le alcanzó para “blindar” el veto a la ley de recomposición de jubilaciones, en base a un puñado de votos -y alguna ausencia o abstención- logrado después de tratativas con gobernadores de provincias donde hubo acuerdo electoral. Menos y en algunos casos nada acompañaron jefes provinciales que jugaban regularmente como aliados. Expresión de las quejas por “destrato”.

La síntesis de lo que dejó esta semana el Congreso es la siguiente: el referido veto asegurado por el oficialismo en Diputados, un veto rechazado -el de emergencia en el sistema de discapacidad-, y la coronación de tres iniciativas en contra de la voluntad del Gobierno. Esos tres proyectos convertidos en ley -distribución de ATN, financiamiento universitario y Garrahan- serían respondidos con vetos, según adelanta el Gobierno. Y en caso de no pasar la prueba del Congreso, podrían derivar en reclamos judiciales. Si fuera así, quedarían involucrados los tres poderes del Estado.

Pero el punto no es ese únicamente. Parece claro que el rechazo al veto sobre atención al sistema de discapacidad y los niveles de apoyo anotados por la emergencia pediátrica exponen también el desafío que representan temas de impacto social. Eso, potencia los referidos problemas en la relación de Olivos con los gobernadores y hasta con socios políticos, en el marco del cierre de acuerdos y listas, o de disputa, camino a octubre.

Son ilustrativas un par de las muchas votaciones de esta semana que, se ha dicho, registraron para el oficialismo una única celebración, por la caída de la ley para jubilados.

En Diputados, la votación más fuerte en contra de la posición del Gobierno quedó marcada en el tablero con el rechazo al veto sobre discapacidad: fue 172 a 73, con 2 abstenciones. El punteo mostró a la oposición dura en pleno, pero el número necesitó de algunos del PRO, muchos radicales, varios provinciales, peronistas “amigos” y hasta un par de LLA.

En el Senado, la ley con eje en el Garrahan sumó 62 votos a favor y sólo 8 en contra. En este caso, vale señalar el voto en soledad del oficialismo: los 6 de LLA, junto a un ex integrante de ese bloque y un aporte del PRO.

Lo dicho: son resultados que se explican en parte por el impacto del tema y sobre todo por el modo de actuar violeta. Es bastante más complejo que el “riesgo kuka”. El caso Spagnuolo agrega un ingrediente fuera de cálculo.