Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la próxima semana en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La medida fue anunciada para el próximo miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.
La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales.
La conflictividad con los universitarios se mantuvo latente en todo 2025, y ahora suma un nuevo capítulo tras el conjunto de paros y movilizaciones de las casas de estudio para apoyar la Ley de Financiamiento Universitario, que se vio jaqueada en varias oportunidades por el Gobierno.
La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por el presidente Javier Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada – al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.
Ante esa resolución, la norma fue judicializada, con una presentación del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, señala la resolución de la institución.
El plan de lucha definido
A través de un plenario de secretarias y secretarios generales, Conadu definió por mayoría la convocatoria al paro de 72 horas, luego de una consulta nacional que involucró a la comunidad universitaria de todo el país. Se logró un consenso en torno a la necesidad de una medida de fuerza de alcance federal.
“Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias», señaló el comunicado de la entidad con mayor cantidad de afiliados y sindicatos docentes universitarios.
El plenario de Conadu también expresó solidaridad con las y los docentes de ADUFOR, quienes denunciaron persecución y sanciones por razones políticas por parte de la conducción de la Universidad Nacional de Formosa.
La otra federación universitaria de segundo grado, Conadu Histórica, ya había definido la huelga de 72 horas el 30 de octubre pasado, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base, donde se ratificó la profundización del plan de acción “en defensa de la universidad pública y de los salarios” de los trabajadores de la docencia universitaria y preuniversitaria.
La entidad sindical también remarcó como motivos de la huelga el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de una respuesta oficial que obligan a exigir la “inmediata convocatoria a paritarias” y a reclamar la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar condiciones dignas de trabajo, según se indicó en las resoluciones del congreso.
A diferencia de otras protestas previas, el Frente Sindical Universitario –que nuclea a todas las instituciones gremiales y sectoriales de la actividad–, esta vez no presentaron una postura homogénea ante la crisis que atraviesa la educación superior. Otros actores evalúan con cautela el desarrollo de los acontecimientos, tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Con una posición más expectante, la FAGDUT, que interviene en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), difundió un comunicado en el que declaró el “estado de alerta” por la situación de la docencia universitaria. El secretario general, Ricardo Mozzi, precisó que presentarán una carta documento para exigir la apertura urgente de paritarias, con un plazo máximo de 48 horas al Poder Ejecutivo.
El ingeniero Mozzi manifestó que el plan de acción previsto contempla tanto la realización de medidas de fuerza como clases públicas o jornadas de visibilización, acordes a lo que resuelvan en conjunto los gremios federados. El dirigente también manifestó la inquietud de los docentes de UTN frente a los intentos de reforma laboral impulsados desde el Gobierno, e informó sobre el crecimiento de las afiliaciones a la federación. “Muchos colegas necesitan protegerse frente a esta vil coyuntura”, atribuyó.
Los otros gremios de la actividad, como FATUN y FEDUN, aún no se pronunciaron públicamente con relación a las medidas de fuerza. En cambio, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), encuadrada en la CGT y encabezado por el sindicalista Sergio Romero, optó en los últimos meses por explorar la vía de la negociación con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la definición del presupuesto universitario.
