En la primera votación de nuestro país ante la Asamblea General de la ONU desde la llegada de Gerardo Werthein a Cancillería, la Argentina fue la única nación en votar contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue en el marco de una sesión se que celebró este lunes en Nueva York, EE.UU. 168 que formaron parte del encuentro se pronunciaron a favor. Hubo además siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.
La primera versión del documento de resolución fue presentada en el mes de octubre. El pasado lunes se hizo entrega ante el organismo de una nuevo borrado, que contó con el apoyo de Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Islandia, Noruega, Perú, Paraguay y Venezuela, entre otros. El escrito promueve la protección de los derechos de comunidades originarias en materia de justicia, medioambiente y preservación de su cultura y lenguas.
A lo largo de la resolución de 16 páginas, se destaca la importancia de promover y tratar de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también mediante la cooperación internacional para apoyar la concertación de esfuerzos e instrumentos a los niveles nacional y regional con el propósito de alcanzar los fines de la Declaración, incluidos el derecho de los Pueblos Indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala en uno de sus párrafos.
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